Isabel Devesa destaca que “los gobiernos socialistas nos salen demasiado caros”, ya que “tendremos que pagar con fondos propios parte de las obras del Urban por la despreocupación e improvisación del anterior y el actual gobierno”
La concejala del Grupo Municipal del Partido Popular Isabel Devesa critica que los lucenses vayamos a tener que asumir con fondos municipales o provinciales más de 1,1 millón de euros que podrían haber sido financiados con cargo a fondos europeos “si hubiera habido una mínima diligencia y preocupación por parte tanto del anterior como del actual gobierno socialista”.
En ese sentido, Devesa explica que la mayoría de fondos pendientes se corresponde con las obras de la vieja cárcel, divididos en cuatro conceptos: el primero de ellos y el más cuantioso (337.196,22 euros de los que no ha sido certificado ni un solo euro) es el del proyecto de obras a mayores necesarias para la puesta en servicio del edificio, que afecta a ambas fases. En este proyecto, fechado en julio de 2015 y que a día de hoy sigue sin aprobar, se incluyen conceptos como las escaleras que conducen a la garita de los torreones, la carpintería de las ventanas, detalles de muebles, pavimentos de arqueología, de aulas didácticas y del octógono central; puertas, barandillas de diferentes zonas (cárcel de mujeres, cafetería…); aseos en camerinos; la acometida de la red de telecomunicaciones.
Además de este proyecto necesario, hay que añadir aún unos 200.000 euros pendientes de certificar por conceptos como vidrios, señalética, carpintería metálica o la propia urbanización de la calle. Asimismo siguen pendientes varios modificados aún sin aprobar: uno de la fase una y otro de la fase dos, en la que se incluye la legalización de todas las obras que se han ido ejecutando sin estar conformes al proyecto para poder pagarlas con cargo al Plan Urban “y que ahora hay que revestir de legales”.
Otras obras del Plan Urban.-
Al margen de las partidas pendientes de la vieja cárcel, también hay 403.068,81 euros sin certificar en la obra de la Plaza de Abastos, de modo que “aunque podríamos haber pagado el 100% de la actuación con dinero europeo, lo cierto es que en torno al 40% del presupuesto de adjudicación, con un importe de 1.050.080 euros, se tendrá que asumir con fondos propios”. “Esos más de 400.000 euros podrían estar mucho mejor invertidos en necesidades que sí tenemos que pagar con fondos propios porque no existe otra alternativa para ellos”, expone.
Por su parte, de los dos tramos previstos para el paseo interior de la muralla, “solo se certificó el de Vía Romana, por 106.000 euros, a última hora, deprisa y corriendo el día 30 de diciembre, la totalidad de las certificaciones y la liquidación correspondiente”. Por el contrario, del de Clérigos “no se llegó a adjudicar siquiera en ninguno de los años de vigencia del Urban por un importe de 136.000 euros y tampoco se podrá realizar mientras no se aprueben los presupuestos municipales de 2016 y se pueda incorporar una partida para este fin a ellos”. “El mejor exponente de la despreocupación de los socialistas con este Plan es el de Carril do Son y la Calella do Hospital, obra aparentemente terminada en junio de 2015 con problemas de titularidad y eléctricos de los que solo parece que resolvieron los primeros”, aclara.
Ante esta situación, Isabel Devesa considera que “la situación del Plan Urban es otro ejemplo más de que la llegada del nuevo gobierno no ha supuesto ninguna mejora ni ningún avance para los lucenses, sino todo lo contrario”. En ese sentido, afirma que “la máxima responsable es la alcaldesa, dado que ha sido la encargada de velar por que se certificasen en tiempo y plazo todas las obras, en lugar de haber tenido que hacer una carrera contrarreloj el penúltimo día del año para certificar parte de ellas e hipotecar ahora a los lucenses, cargándoles ahora con el pago del resto”. “Están bloqueando la finalización de estas obras porque, por un lado, han provocado la pérdida de los fondos europeos destinados para ellas y, por el otro, son incapaces de aprobar unos presupuestos municipales que contemplen estos trabajos”, advierte.
Por último, los populares también censuran que la alcaldesa destine fondos procedentes de la Diputación Provincial a abonar el 85% del contrato prororrogado de la gerente del Plan Urban, “quien, por cierto, lleva tres meses sin facilitar un informe económico detallado de todas y cada una de las actuaciones realizadas con cargo a estos fondos, concretando las inversiones ejecutadas así como aquellas obras previstas aún pendientes de certificar”.
