• Elena Candia: “Estamos en contra de su postura de pedir más a la ciudadanía cuando dan menos”
JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2024
La portavoz popular mostró su desacuerdo con respeto al empeño de socialistas y nacionalistas de pedir un esfuerzo a la ciudadanía para que paguen sus despilfarros, gastos innecesarios, actuaciones que no son prioritarias y proyectos que suponen una hipoteca para la economía lucense sin valor añadido para la ciudadanía y que no repercuten positivamente en los servicios ni en la calidad de vida de los lucenses”.
Para la popular, la subida de impuestos es una decisión política de un gobierno mal llamado progresista que solo piensa nos sus intereses y no gobierna para todos.
Hay ejemplos de proyectos cuestionables como el carril bici, recordando como en octubre se hizo una transferencia de crédito de 116.162,81 € para esta infraestructura; o el pago, el pasado 15 de noviembre, de 80.000 € para hacer frente a gastos de mantenimiento y personal de las Caldas, que llevan cerradas dos meses y medio; o los 432 € que nos costó cada día de uso de la rampa de baño en el Miño.
Frente a estos pagos, nos encontramos con servicios municipales cerrados, como es el caso de la Escuela de Música, que a estas alturas ainda ni abrió; o los problemas de mantenimiento en los colegios; en los edificios municipales, que tienen goteras y eso por no hablar de la deuda que tienen con los con los trabajadores municipales.
Las alegaciones que rechazan
Tal y como se recoge en la documentación de la Xunta Local de gobierno el PSOE y el BNG desestimaron las alegaciones presentadas por el Partido Popular. El gobierno local rechazó las propuestas que podrían aliviar la carga fiscal de las familias, autónomos y empresarios lucenses en un momento de dificultades económicas.
Las dos alegaciones presentadas por el PP tenían como objetivo fundamental mejorar la situación económica del vecindario, así como poner freno a los efectos negativos de una gestión deficiente del gobierno local.
La primera alegacioń, de carácter general, estaba basada en el informe del interventor municipal, que confirma falta de diligencia en el control de gastos y en el seguimiento de los contratos. El PP propuso que el gobierno local dejara de implementar proyectos que suponen un lastre económico para las familias lucenses, como aquellos que, lejos de mejorar la calidad de vida, se traducen en hipotecas para el vecindario.
La segunda alegación, también rechazada, proponía la supresión de la plusvalía y la creación de bonificaciones del IBI para los terrenos rústicos que, segundo la nueva ordenanza fiscal, pasarán a ser clasificados cómo urbanos. El PP presentó una propuesta para bonificar hasta un 90% el impuesto para aquellas personas afectadas por este cambio, especialmente aquellas que se verán obligadas a pagar como terrenos urbanos sin contar con las ventajas asociadas la esa clasificación hasta que se agoten las áreas del núcleo. Esta medida tenía como fin aliviar el impacto económico que sufrirán muchas familias que no tienen capacidad para asumir el aumento fiscal derivado de esta reclasificación.
El rechazo nuestras propuestas evidencia su falta de voluntad para mejorar la calidad de vida de los vecinos y para crear un entorno económico más favorable para las familias y los pequeños negocios de Lugo.
