O voceiro popular Antonio Ameijide explica que os socialistas reduciron “á metade o persoal da oficina de inspección tributaria” desbordando de traballo aos 3 traballadores municipais “que se ven incapaces de tramitar o volume de expedientes que teñen que resolver a diario”
El Grupo Municipal del Partido Popular critica la decisión de los socialistas de desmantelar la oficina municipal de inspección tributaria con el ánimo de seguir manteniendo la externalización de este servizo “una decisión que podría fomentar la morosidad de los veciños”. El portavoz popular hacía esta afirmación después de comprobar las dificultades de sacar adelante el trabajo diario de estas dependencias después de que los socialistas rebajasen a la mitad el personal de la oficina. “Desmantelaron la oficina pasando de seis trabajadores (2 auxiliares, 2 agentes, 1 economista e 1 inspector jefe) a tan sólo tres (1 agente, 1 economista y 1 inpector jefe)” y añaden “también faltan los medios materiales básicos en una oficina de estas características donde por no haber no hay ni una fotocopiadora vinculada al servicio”.
A juicio de los populares esta situación “es un fiel un reflejo de la ineficaz forma de gestionar los recursos propios del Concello” y también pone de manifiesto que el gobierno de Lara Méndez “prefiere malgastar dinero público en externalizar una función que se podría asumir con medios propios” matizo Ameijide.
El popular recordó que los socialistas se contradicen constantemente ya que “hace un año aprobaron declarar 9 servicios esenciales y, dentro de este paquete, estaba la inspección tributaria”. “No entendemos como considerando imprescidible este servicio mantienen su empeño en seguir desmantelándolo”. Teniendo en cuenta que estos días acaba el contrato con la empresa concesionaria que colabora en la gestión recaudatoria “creemos que es el momento oportuno para retomar las riendas de este servicio”. Ameijide no comparte el gasto que se destina para pagar a Tribugest cuyo contrato caducó el sábado 30 de septiembre. En 2016 nos costó a los lucenses 1.401.587,90 y en lo que llevamos de este ejercicio hasta el mes de junio ya se les ha pagado 605.278,75.
Las cifras
La oficina municipal de inspección tributaria tiene en lista de espera para concluir su tramitación, desde enero de 2017 hasta la actualidad, un total de 127 expedientes, mientras que en ese mismo periodo de tiempo, ya han resuelto 124 expedientes sancionadores.
De ellos 93 fueron a particulares por un importe de 32.442,02 euros. Todos ellos eran referente al impuesto de plusvalías y en 6 casos estaban catalogados como infracción grave.
Los 31 expedientes restantes fueron resoluciones de expedientes a empresas se realizaron por un importe de 45.243,27 €. Dos de ellos por tasa de aprovechamiento de vía pública; diecisiete por plusvalías y doce por resistencia, obstrucción o excusa a actuación de administración tributaria. Quince de los expedientes fueron sanciones graves.
En las visitas a dependencias municipales que están realizando los populares comprobaron que pese a la escasez de recursos humanos y materiales en esta oficna municipal sacan a diario un expediente completo elogiando “su profesionalidad y buen hacer”.
Ameijide destacó que en lo que va de mandato están pendientes de cobro 14.822.855 € que corresponderían a los ejercicios de 2015 y 2016 y de dudoso cobro la cifra alcanza los 3.006.453,75 € tal y como figura en la memoria de la cuenta general del pasado ejercicio
